La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo. La medida, comunicada mediante el aviso ATCSCC 111, establece un ground stop nacional que obliga a mantener las aeronaves en tierra hasta que las autoridades autoricen la reanudación de operaciones. Esta decisión afecta directamente a los vuelos programados entre Venezuela y Estados Unidos, que podrían sufrir retrasos, reprogramaciones o cancelaciones.

Los pasajeros con viajes previstos desde Venezuela hacia ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York o Houston enfrentan restricciones operativas que alterarán sus itinerarios. La orden de la FAA específicamente establece que todos los aeropuertos tienen suspendidos los despegues y que todo tráfico de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Sin embargo, los vuelos internacionales entrantes serán gestionados caso por caso, lo que significa evaluaciones individuales por parte de las autoridades estadounidenses.

Las aeronaves procedentes de Caracas con destino a Estados Unidos, ya sea directamente o mediante conexiones en ciudades como Panamá o Bogotá, podrían enfrentar modificaciones significativas en sus horarios de llegada. La autorización para estos vuelos internacionales dependerá de la evaluación individual de los controladores aéreos estadounidenses, incluso cuando el aeropuerto de origen esté fuera del territorio norteamericano. Esta incertidumbre operativa genera inconvenientes para los viajeros que dependían de estos servicios.

La suspensión fue motivada por reportes de fallas en los sistemas utilizados por los centros de control aéreo estadounidenses, incluyendo pérdida de frecuencias de radio y herramientas automatizadas para coordinar vuelos. El aviso identificó como inicio efectivo las 20:54 UTC del viernes 13 de noviembre y prevé finalización a las 04:30 UTC del sábado 14, aunque el documento ordena mantener las aeronaves en tierra hasta nuevo aviso. Los vuelos ya en el aire al momento de emitirse la restricción no están sujetos a aterrizaje inmediato y pueden continuar sus trayectos bajo instrucciones especiales.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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El mediocampista venezolano Telasco Segovia, quien milita en Inter Miami de la Major League Soccer, fue nominado al premio Humanitario del Año de la MLS 2026. Esta distinción reconoce el compromiso de los jugadores con iniciativas sociales y comunitarias. Segovia figura entre los cinco finalistas por su participación activa en las labores de asistencia a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela en junio de este año.

Segovia se encontraba en su país cuando ocurrieron los movimientos sísmicos del 24 de junio, con epicentros registrados en zonas de La Guaira y Yaracuy. Ante la emergencia, el futbolista decidió permanecer varios días adicionales para colaborar personalmente con las personas damnificadas y participar en las tareas de ayuda en las comunidades más afectadas. Describiendo el impacto de la experiencia, Segovia expresó en una rueda de prensa: "Fue una de las cosas más feas que he visto en mi vida. Nunca vi algo igual, no es igual verlo por teléfono, a vivirlo".

El compromiso solidario del jugador no se limitó a la asistencia directa en Venezuela. Segovia participó activamente en la movilización de recursos desde Estados Unidos y convocó a sus compañeros de equipo para respaldar iniciativas solidarias. Inter Miami, a través de su fundación y en colaboración con Global Empowerment Mission (GEM) y la ciudad de Doral, organizó una campaña de recolección de suministros que en apenas siete días reunió donaciones suficientes para llenar cinco camiones de carga de 20 pies, incluyendo 50 palés de agua y tres palés de artículos esenciales.

Adicionalmente, Segovia ayudó a recaudar fondos mediante una camiseta especial de Inter Miami con los colores de Venezuela, firmada por los integrantes del primer equipo. Más de 50 voluntarios, incluyendo empleados del club, entrenadores de la academia y jugadores, participaron en esta jornada solidaria. El venezolano expresó su preocupación continua por las familias que perdieron sus hogares y seres queridos, asegurando: "Sigo ofreciendo todo mi apoyo y espero que las cosas mejoren para esas familias y esos niños que perdieron a sus familiares".

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Un fuerte sismo de magnitud 4.2 sacudió a Colombia este viernes 13 de noviembre, con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima. El movimiento telúrico se registró a las 3:01 de la tarde con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El temblor provocó la evacuación inmediata de varios edificios públicos en la zona.

Las evacuaciones se llevaron a cabo en inmediaciones del edificio de la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas. Varios medios de comunicación en Colombia registraron las imágenes de los ciudadanos abandonando las estructuras como medida de precaución. Algunas personas reportaron que el temblor se sintió también en Bogotá, especialmente en edificaciones de pisos altos.

Esta es la segunda vez en poco más de una semana que Chaparral es epicentro de un sismo significativo. El pasado 3 de noviembre, la misma zona registró un terremoto de magnitud 5.6 que fue ampliamente sentido en la capital colombiana. Los colombianos permanecen en alerta tras estos movimientos sísmicos continuos en el territorio nacional.

La comunidad científica y las autoridades civiles mantienen una vigilancia constante debido al historial sísmico reciente del país. El pasado 10 de agosto, Colombia sufrió un devastador terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que dejó 331 personas fallecidas. Estos eventos consecutivos han mantenido a la población colombiana atenta a nuevos movimientos telúricos.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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La Fiscalía Centro Norte de Chile activó este viernes el procedimiento para solicitar a Perú la extradición del venezolano Carlos Cortez Flores, conocido como "Carlitos Nike", quien fue identificado en una prisión peruana como uno de los presuntos implicados en el asesinato del carabinero Daniel Palma, ocurrido en abril de 2023 en Santiago. El sospechoso permanecía recluido en el penal de Aucallama, en Huaral, bajo una identidad falsa, tras haber sido detenido en 2025 por investigaciones relacionadas con secuestro y extorsión. Su verdadera identidad fue revelada tras una alerta sobre posibles suplantaciones dentro del establecimiento penitenciario.

La fiscal Marcela Adasme explicó que el Ministerio Público chileno acudió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar los cargos contra Cortez Flores en ausencia, un trámite necesario para avanzar con su entrega a las autoridades chilenas. "Hemos iniciado, a través del trámite que se conoce como formalización en ausencia, el proceso de extradición, que significa solicitar al país donde se encuentra su llegada al país nacional para responder por los cargos que se le imputan", declaró la funcionaria.

La urgencia del procedimiento responde a la posibilidad de que el venezolano quede en libertad durante diciembre. Aunque la justicia chilena no puede imponer directamente una medida de prisión preventiva sobre una persona detenida en otro país, sí puede presentar los antecedentes necesarios para solicitar que permanezca bajo custodia mientras se resuelve su extradición. "Es de nuestro interés que, obviamente, el imputado no recupere su libertad", advirtió Adasme.

Según la Fiscalía, Cortez Flores habría intervenido directamente en dos episodios: un ingreso armado a un recinto tipo cité con disparos y el posterior ataque que terminó con la muerte de Palma. Por estos hechos, enfrenta imputaciones por robo con intimidación, disparos injustificados en la vía pública, porte de arma de fuego prohibida y homicidio de un funcionario de Carabineros en servicio. La investigación también permitió identificar a otro venezolano, Yefferson Jesús Flores Espinal, recluido en la misma cárcel peruana con documentación falsa.

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El comisionado presidencial para la Constituyente y Consensos Laborales, Eduardo Piñate, confirmó el viernes que los trabajadores de la administración pública recibirán una bonificación navideña superior a los 51 dólares pagados en 2025. Sin embargo, el funcionario evitó precisar el monto exacto que desembolsará el régimen, generando incertidumbre entre los empleados públicos en medio de los reclamos de los gremios de salud y educación que exigen un aguinaldo de 960 dólares.

Durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Piñate aseguró que el beneficio se distribuirá en dos pagos, a diferencia del año anterior cuando los trabajadores recibieron el equivalente a 51 dólares fraccionados en cuatro entregas. No obstante, el funcionario no ofreció fechas concretas de pago ni explicó los criterios que se utilizarán para determinar el monto definitivo de la bonificación navideña.

La promesa del gobierno de superar los 51 dólares del año pasado no permite a los trabajadores establecer la diferencia real entre lo que recibirán y sus necesidades económicas durante las festividades decembrinas. Esta falta de transparencia mantiene la incertidumbre entre los empleados públicos sobre cuánto dinero tendrán disponible para las compras navideñas y gastos de fin de año.

Mientras el chavismo mantiene el misterio sobre los montos definitivos, los trabajadores de salud, educación básica y universidades reclaman que el aguinaldo se calcule sobre el ingreso integral mensual de 240 dólares en lugar del salario básico. La propuesta sindical contempla cuatro meses de remuneración, equivalentes a los 960 dólares que exigen como beneficio navideño justo.

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La petrolera estatal colombiana Ecopetrol confirmó que mantiene negociaciones avanzadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para adquirir gas natural durante un período de 10 años a precios significativamente inferiores a los del mercado actual. Esta operación forma parte de la estrategia del gobierno colombiano para enfrentar el déficit energético que enfrenta el país y expandir sus oportunidades comerciales en territorio venezolano. El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, reveló durante la presentación de resultados financieros que las conversaciones contemplan condiciones económicas especialmente favorables, con un precio descrito como "muy competitivo" y "muy por debajo" de las cotizaciones que actualmente enfrenta Colombia.

La viabilidad de este acuerdo depende de la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura que conecta la región del lago de Maracaibo en Venezuela con La Guajira colombiana y que lleva más de una década fuera de servicio. Como parte de los preparativos, Ecopetrol solicitará a PDVSA el derecho a operar los 88 kilómetros del conducto ubicados en territorio colombiano. Esta reactivación permitiría reanudar el intercambio energético entre ambas naciones después de muchos años de paralización.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una condición determinante: obtener las autorizaciones de las autoridades estadounidenses debido a las sanciones vigentes sobre PDVSA. Ecopetrol ya presentó la solicitud de licencia ante Washington y el presidente ejecutivo confirmó que la compañía no realizará operaciones fuera del marco legal establecido, enfatizando que "no daremos un solo paso fuera de ese marco". Esta medida busca garantizar la legitimidad internacional de las operaciones.

La iniciativa recibió respaldo oficial cuando las autoridades colombianas declararon de interés nacional y estratégico la recuperación del gasoducto el pasado 4 de noviembre. La instalación tiene capacidad para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, aunque Ecopetrol planea comenzar con aproximadamente 50 millones diarios, equivalente al 5 por ciento del consumo nacional. Colombia enfrenta una crisis de abastecimiento crítica: en septiembre de 2026 importó el 37,1 por ciento de su demanda de gas, la mayor participación registrada en la historia, mientras que la producción nacional disminuyó 12,9 por ciento en los primeros nueve meses del año.

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El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó por unanimidad un documento de trabajo para Venezuela, constituyendo la primera hoja de ruta formal del organismo para la reanudación de sus operaciones en el país tras suspender la concesión de nuevos préstamos en mayo de 2018. Este documento establece las prioridades del banco, pero no constituye un préstamo en sí mismo ni resuelve los atrasos en los pagos de Venezuela. Se trata de un instrumento transitorio, más breve que la estrategia país convencional del BID, diseñado para orientar las operaciones hasta que sea posible elaborar una estrategia integral más completa.

El documento de trabajo prioriza la reactivación de los motores de crecimiento económico, haciendo hincapié en la rehabilitación del sector eléctrico, la mejora de los servicios sociales para grupos vulnerables —incluyendo protección social y seguridad alimentaria— y el apoyo a la reconstrucción tras los devastadores terremotos ocurridos en junio. Esta estrategia refleja las necesidades inmediatas del país y busca sentar las bases para una recuperación sostenible de la economía venezolana.

Al 30 de septiembre, Venezuela adeudaba al BID 2300 millones de dólares en concepto de capital e intereses vencidos. Las normas del banco prohíben otorgar nuevos préstamos hasta que se salden estos atrasos. En octubre, se reportó que Venezuela estaba considerando un préstamo puente de Catar para cancelar los montos adeudados, buscando resolver esta barrera que ha impedido el acceso a financiamiento del organismo multilateral.

En septiembre, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, buscaba apoyo para una propuesta de préstamo de 2500 millones de dólares destinada a Venezuela, aunque enfrentó resistencia de algunos miembros de la junta directiva. Recientemente, los legisladores venezolanos aprobaron una reforma a la ley eléctrica del país, abriendo el sector energético a la inversión privada tras casi dos décadas de control estatal, lo que representa un cambio significativo en la política económica venezolana.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original